CRIMEN DE MARIANO FERREYRA: EN UNA SEMANA RESUELVEN SI PEDRAZA QUEDA EN LIBERTAD

La Cámara del Crimen resolverá el jueves si le concede la libertad al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y a otros dos sindicalistas procesados por la muerte de Mariano Ferreyra y otros manifestantes que reclamaban la incorporación de trabajadores “tercerizados”. Hubo manifiestaciones en Tribunales (foto).

Lo anunció esta tarde la Sala I del tribunal al término de los informes orales presentados por las defensas y querellas en contra y a favor de las medidas dictadas en primera instancia por la jueza de instrucción Wilma López contra Pedraza, Juan Carlos Fernández y Daniel Alcorcel.

El abogado Oscar Igounet, defensor de Guillermo Uño –uno de los primeros procesados por los hechos- cuestionó el apartamiento de la causa del perito en balística Juan Locles, quien sostuvo que la bala que mató a Ferreyra primero impactó en otra superficie.

Carlos Froment, defensor de Pedraza, pidió la “inmediata libertad” del sindicalista, supuesto instigador, junto con Fernández y Alcorcel, de los hechos registrados el 20 de octubre último, que culminaron en el barrio Barracas de esta capital, con la muerte de Ferreyra y lesiones a otros manifestantes del PO.

Froment, también defensor del secretario administrativo de la UF, Juan Carlos Fernández, reclamó la libertad de ambos porque, según su criterio, “no hay ninguna prueba” que los vincule con el asesinato y tentativas de homicidio contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.



También la defensa de Alcorcel, el tercero de los últimos detenidos, pidió que se revoque el procesamiento con prisión preventiva dictado en primera instancia.

Igounet cuestionó el apartamiento de la causa del perito en balística Roberto Locles, quien sostuvo que la bala que mató a Ferreyra primero impactó en otra superficie.

En la audiencia ante la Sala I de la Cámara del Crimen, las querellas, representadas por familiares de Ferreyra, Rodríguez, Aguirre y Pintos, reclamaron, en sus respectivas réplicas, la confirmación de la medida de primera instancia.

Previo a los informes orales de las partes, manifestantes de la UF y del PO se concentraron frente al Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550 y a la Sede de la Cámara en lo Criminal, en Viamonte al 1.100, de esta capital, con consignas a favor y en contra, respectivamente, de la libertad de Pedraza.

El desplazamiento de los grupos, los mismos que protagonizaron el episodio que culminó con las heridas a los manifestantes del PO en el barrio Barracas de esta capital, generó una situación de tensión, por lo que fueron desplazados efectivos policiales en zona vecina a Cámara del Crimen.

Los manifestantes del PO –cuyo titular Néstor Pitrola asistió a toda la audiencia de los informes “in voce”- fueron los primeros en retirarse del lugar, mucho antes que terminara el trámite ante los camaristas Carlos Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos.

Froment, el primero en hablar, pidió que se revoquen los procesamientos de Pedraza y de Fernández, porque, según su criterio, son “disparatados” y “prematuros”.

De acuerdo a constancias del sumario, Pedraza y Fernández estaban juntos en una reunión del gremio cuando este último se comunicó con delegados de la UF presentes en el lugar y el momento de los incidentes.

“Ninguno de los dos estuvo en el lugar (de los hechos)” afirmó Froment, para quien “es común que Fernández, por sus funciones, se comunicara por teléfono con delegados” de la UF, pero, enfatizó, “no tuvieron contacto alguno con los autores materiales” del homicidio y las lesiones.

Para las querellas, en cambio, hubo un “plan” de las autoridades gremiales para “aleccionar a los trabajadores” que pedían su incorporación a la planta permanente, ya que ello se contraponía a los intereses de Pedraza.

Las abogadas Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, letradas de los familiares de Rodríguez y Aguirre, el día de los hechos “hubo actividad cómplice de la Policía Federal” que, según sostuvieron, “permitió que la UF actuara como lo hizo”.

Para las abogadas “sería absurdo negar que hubo un plan criminal”, que fue llevado a cabo para preservar los “negocios” de Pedraza, en su doble rol de “empresario” y representante de trabajadores, argumento que también utilizó en su alegato el fiscal Fernando Fiszer.

Contra el argumento de la ausencia de Pedraza y Fernández en el lugar de los hechos de violencia, el fiscal remarcó que el ataque a los manifestantes del PO y trabajadores “tercerizados”, era una cuestión que “ya estaba (decidida) desde antes” y que los procesados recibían llamadas en las que se reportaba lo que sucedía.

Además de Pedraza, Fernández, Alcorcel y Uño, están procesados con prisión preventiva Cristian "Harry" Favale y Gabriel Sánchez (presuntamente autores materiales de los disparos), y con distinto grado de participación Pablo Díaz (supuesto instigador), Jorge González, Salvador Pipitó y Juan Carlos Pérez. (Fuente y foto: Télam)

UNA ESCUCHA COMPROMETE A PEDRAZA CON UNA PRESUNTA COIMA

Se sospecha que iba a usar dinero del Belgrano Cargas para liberar a los detenidos

-Serán unos 75.000 o 50.000 [dólares] -aseguró Angel Stafforini, director del Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria.

-Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después la recuperamos -completó el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

Esa escucha telefónica realizada en forma directa al teléfono celular de Pedraza mientras conversaba con Stafforini el 25 de enero pasado, a las 20.06, es uno de los indicios que maneja la Justicia para investigar al dirigente ferroviario por el supuesto plan de pagar una coima para liberar a los trabajadores ferroviarios que estaban presos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

La jueza Wilma López, en la resolución por la que procesó a Pedraza con prisión preventiva como instigador del asesinato, transcribió esta conversación como una evidencia del manejo de dinero que tenía Pedraza como sindicalista y sus vínculos con la empresa Belgrano Cargas. La esposa de Pedraza, la contadora Graciela Coria, es actualmente directora de las acciones clase "B" y "C" de la empresa, que opera la empresa SOE por cuenta y orden del Estado nacional.

José Pedraza



El fallo señala, además, que el dinero que ingresaba al sindicato por los aportes totales de los afiliados llegaba a los 5.300.000 pesos mensuales. Para la jueza, esa masa de dinero en la que tiene intervención junto con su esposa "aparece, cuando menos, sujeta a determinación de su correspondencia con la ley y el buen manejo de la administración".

Lo que se investiga es si Pedraza gestionó el pago de un soborno al camarista de Casación Eduardo Riggi, que en ese momento debía resolver sobre la libertad de los ferroviarios detenidos. Riggi negó haber recibido cualquier oferta en este sentido.

La causa la investiga el juez Luis Rodríguez, que allanó la sede de la Unión Ferroviaria y retiró los libros contables para determinar de dónde había salido el dinero. También fue allanada la casa del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, que aparece mencionado en las escuchas telefónicas. Aráoz de Lamadrid era, por entonces, abogado de otro detenido, Guillermo Uño, que sigue preso. En la casa de Aráoz se secuestró un paquete con 50.000 dólares.

Allegados al ex juez confirmaron que se secuestró dinero de su casa, pero negaron que se tratara del pago de una coima, sino del cobro de honorarios atrasados.

La jueza Wilma López escribió al procesar a Pedraza que en la escucha telefónica con su contador y director del Belgrano Cargas estaban preocupados por el tema del encuadramiento o -según la resolución- "la justificación de la salida del dinero presuntamente de Belgrano Cargas".

La jueza glosa, además, conversaciones entre Aráoz de Lamadrid y Juan José Riquelme, un estrecho colaborador de Pedraza, considerado por la jueza el intermediario en el supuesto pago del soborno.

Riquelme, el 13 de enero, en su charla con el abogado, decía: "Bien, le comento... Me dijo que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde, al atardecer, tiene una reunión con el secretario, que anoche habló con él al respecto; el secretario manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación que tiene es cómo encuadrar la operatoria; por eso se van a reunir esta noche".

La jueza López cree que tal era el control de Pedraza sobre el gremio y su autoridad y poder que tenía "plena disposición para hacer todo cuanto estuviera a su alcance para brindar asistencia a quienes se encuentran detenidos en esta causa, siguiendo de forma personal y permanente, embarcándose en un verdadero plan de salvataje que habría montado para ello".

La jueza consideró que, si bien no es posible darles a las escuchas fuerza probatoria directa, si son suficientes para tener indicios del poder absoluto de Pedraza, cómo se interesaba en la causa, cómo digitaba la presentación de recursos, las reuniones con abogados, con el intermediario Riquelme, incluso al punto de ofrecer dinero para torcer las resoluciones adoptadas.

DIALOGOS SUGESTIVOS

La jueza Wilma López, al procesar con prisión preventiva a Pedraza como instigador del crimen de Mariano Ferreyra, citó una escucha que complica al sindicalista.

20 DE OCTUBRE DE 2010

El asesinato. Ferreyra, un ferroviario tercerizado, fue asesinado cuando barrabravas e integrantes de la Unión Ferroviaria dispararon para impedir un corte de vías.

Angel Stafforini (director de Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria) :

-Serán unos 75.000 o 50.000 [dólares].

José Pedraza:

-Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia?y después la recuperamos.

Para la Justicia, ambos hablaban de sobornar a un camarista para que liberara a los ferroviarios que estaban detenidos;?el dinero saldría de la empresa Belgrano Cargas.(Fuente: La Nación)

EN LA HORA DE LA DEFINICIÓN

La jueza tendría que decidir hoy si procesa al líder de la Unión Ferroviaria y le dicta prisión preventiva, aunque podría tomarse unos días más. Varias pruebas comprometen al sindicalista y hubo un segundo allanamiento a la tercerizada a la cual está vinculado.

La jueza Wilma López podría resolver hoy, o a lo sumo en unos pocos días, la suerte del líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y de su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, detenidos desde hace dos semanas por el asesinato de Mariano Ferreyra y el intento de matar a otras tres personas en una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. Las pruebas más comprometedoras estarían relacionadas con el papel del sindicato en el reclutamiento de la patota que realizó el ataque; la conexión de ambos dirigentes con el delegado que coordinaba al grupo de choque; el interés por romper a cualquier precio la protesta de un sector que denunciaba la tercerización como forma de abaratar salarios y cuyo ingreso masivo a planta podía poner en juego la hegemonía gremial en el ramal Roca; a lo que se suma que la UF no habría sido ajena al negocio, ya que se probó su relación con una de las cooperativas que encarnaron esa política de precarización laboral, a través de la cual habría eludidola prohibición de recibir aportes de los empleadores.



Pedraza, Fernández y también el delegado Claudio Alcorcel fueron detenidos el 22 de febrero e imputados como posibles instigadores del crimen del militante del Partido Obrero (PO) y los hechos de violencia que lo rodearon. La jueza podría decidir hoy si procesa y les dicta prisión preventiva, ya que se vence el plazo de diez días que estipula la ley desde la indagatoria, lo que no quita que se pueda tomar unos días más. La inminencia de la decisión explica las nuevas amenazas de paro de trenes lanzadas desde la UF. Aunque otros condimentos recalentaron el escenario, entre ellos un segundo allanamiento –días atrás– a la cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, una tercerizada vinculada con el entorno de Pedraza, donde los investigadores secuestraron documentación ligada al pago de salarios. Sobre ese punto, además, fue citado a declarar como testigo el gerente de Contratos Privados de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) Línea Roca, Gustavo Zeni.

El asesinato de Ferreyra y la tentativa de homicidio de sus compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos se produjeron el 20 de octubre, cuando apoyaban a ferroviarios tercerizados que reclamaban el pase a planta. Iban a cortar las vías en Avellaneda pero desistieron, amedrentados por la patota de la UF que los siguió y, cuando estaban en retirada, atacaron a los manifestantes con piedras, palos y armas de fuego. Según sostuvo la jueza, fue un intento de “aleccionamiento”, previo armado de un “plan criminal” orquestado por los dirigentes.

Las medidas complementarias impulsadas tras la detención de Pedraza por la jueza y la fiscalía a cargo de Fernando Fiszer apuntarían a terminar de dilucidar qué intereses, sindicales y económicos, movieron a la conducción de la UF a enviar un grupo violento, armado. La Unión del Mercosur, que terceriza servicios de mantenimiento de vías y desmalezamiento, captó especial atención judicial porque sus directivos son autoridades de la UF. Al igual que a los trabajadores encuadrados en el convenio del sector, a los de la veintena de tercerizadas contratadas por Ugofe –que administra las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur bajo tutela estatal– se les paga con fondos públicos. La diferencia es que un empleado de planta cobra el doble o más que un tercerizado y goza de los derechos mínimos (como vacaciones, horario y aguinaldo) que los segundos no tienen. Esto pone dos cuestiones sobre el tapete: una, la sospecha de que a los tercerizados no se les paga todo lo que el Estado destina para ellos; otra que, bajo la figura de una “cooperativa”, la UF habría obtenido una especie de subvención del empleador, algo que está prohibido por la Ley de Asociaciones Sindicales. Esto también explicaría por qué la investigación viene poniendo la lupa en los pasos del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien manejaría parte de la asignación de fondos.

Ugofe recibe 66 millones de pesos mensuales para operaciones y obras de la línea Roca. A la Unión del Mercosur se le venían asignando unos nueve millones por semestre, según fuentes de la causa. El último allanamiento en sus oficinas fue en busca de comprobantes salariales. El testimonio de Zeni, de Ugofe, habría permitido corroborar que la relación con esa tercerizada se entablaba a través de dirigentes de la UF. Para Ugofe, según su vocero, las tercerizadas no son tales, sino sólo “contratistas” que “concursan por un proyecto donde gana la mejor oferta”. Como informó este diario, para interpretar los ingresos y egresos de las arcas del gremio también fue citada una empleada contable que conoce sus finanzas.

A estos elementos, que permitirían interpretar el respaldo de Pedraza a la política de tercerización y los intentos por evitar el ingreso masivo de trabajadores que podrían disputarle el dominio gremial en el ramal Roca, se suman otros datos concretos, que fueron señalados por la primera fiscal del caso –Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad– al comienzo: el segundo de la UF, Fernández, se comunicaba en forma “permanente” con el delegado Pablo Díaz, que comandaba a la patota en plena acción. Junto a Fernández estaba Pedraza, ambos en la UF, donde había un congreso auspiciado por tercerizadas. Estaban todos “coordinados”, según la fiscalía, que además sostuvo que en el reclutamiento de matones ferroviarios –parte del cual se hizo desde los talleres de Remedios de Escalada donde la UF pisa fuerte– se les prometía trabajo para sus familiares y mejoras para ellos, además de darles el día.(Fuente. Página 12)

PEDRAZA FUE PROCESADO COMO INSTIGADOR DEL CRIMEN DE FERREYRA

La jueza sostuvo que el gremialista impulsó el accionar de la patota para garantizarse “el poder económico y político” por la vía de la contratación de personal tercerizado, que en teoría debía defender desde la Unión Ferroviaria.
El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quedó más complicado por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra: la jueza de instrucción Wilma López lo procesó ayer como “instigador” del homicidio y dispuso que siga detenido.

Para la jueza, Pedraza instigó el accionar de la patota para “asegurar el poder económico y político” que tiene desde 1994 en la UF a través de la contratación de personal tercerizado mediante empresas ligadas a él mismo.
“Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio, circunstancia esta que se encontraría asegurada mientras la Unión Ferroviaria continúe determinando el ingreso de personal a las distintas empresas ferroviarias. De esta forma se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la lista verde, que él encabeza”, sostuvo López.

Así la jueza avaló la hipótesis económica del crimen ya que resaltó que Pedraza tiene participación en Belgrano Cargas SA y la Cooperativa de Trabajo Unión del Personal Limitada, que presta servicios para UGOFE SA, ALL Mesopotámica, Viluco y S.O.E S.A., que decide el ingreso de personal.
Fuente y foto: El Argentino)